Para quienes no pudísteis estar, acá os facilitamos el texto de presentación y el audio de la jornada.
Para más información:
Facebook: Las Sabinas Móstoles
Twitter: las_sabinas_mst
Mail: lassabinasmostoles@gmail.com
A
finales del mes de octubre, el barrio de Las Sabinas y el colectivo
de apoyo a esta comunidad organizaron el acto “Presente y futuro
del barrio de Las Sabinas” para dar a conocer al público en
general y al vecindario de Móstoles en particular qué significa
este barrio y cuál es su situación en el momento actual.
Para
quienes no lo conozcan, las Sabinas es un barrio para el que está
previsto un plan de desmantelamiento por parte de la Comunidad de
Madrid. El argumento institucional para la ejecución del mismo es,
entre otros, “la recuperación del espacio natural en
el Parque Regional del Curso Medio del río Guadarrama” y, en
palabras de D. David Lucas, actual alcalde de Móstoles, uno de los
municipios que en 2013 ha suscrito un convenio con la Comunidad de
Madrid para llevar a cabo este proceso, “evitar que en pleno siglo
XXI existan zonas en Madrid en las que los ciudadanos vivan en
condiciones tan lamentables”.
Estos
argumentos regalan los oídos bienpensantes y
tranquilizan a la ciudadanía media que desconoce el trasfondo y las
consecuencias de estas actuaciones.
En
las Sabinas se han ido asentando familias desde hace cuarenta años,
en una de las zonas, y en otra, que es la que nos ocupó en este
acto, 16 años. La mayoría sin alternativa habitacional y en muchos
casos procedentes de otros procesos de realojo que acabaron
fracasando para gran parte de las personas afectadas. Algunas
familias proceden de Las Mimbreras, otras de Carabanchel... etc.
La
precariedad y la vulnerabilidad de la mayor parte de estas familias
ha hecho que traten de sobrevivir con los ingresos que obtienen
muchas de ellas de la venta de chatarra y de la Renta Mínima de
Inserción, ingreso no permanente y a todas luces insuficiente que se
concede casi exclusivamente a familias con menores a su cargo.
Esta
situación y la vulneración del derecho a una vivienda digna que se
sufre en el estado español, provoca que estas familias se vean
abocadas a resolver sus necesidades en la medida de sus
posibilidades.
El
realojo no llega y mientras tanto, viven en un barrio donde no hay
servicio de recogida de basuras, ni hay una fuente de agua potable
(aunque haya un punto de conexión con el Canal de Isabel II en el
propio barrio) ni tampoco hay posibilidad de instalar energía
eléctrica en las viviendas con sus respectivos contadores por
tratarse de un “asentamiento ilegal”.
El
enganche autoregulado a los puntos de luz disponibles no sólo para
el uso al que estamos acostumbradas las personas que no vivimos allí,
también y principalmente, para poner en funcionamiento las bombas
que les aprovisionan de agua (no potable) de los pozos para poder
asearse y mantener en unas condiciones mínimas de higiene las
viviendas. Pero los problemas se suceden. Cuando llueve el ambiente
es húmedo e insalubre y las viviendas lo notan. La incertidumbre en
cuanto al realojo y los posibles derribos hace que no se decidan a
reparar humedades y otras fallas. Cuando falta la luz, la comida se
estropea, no hay agua para el aseo y la limpieza, no funcionan los
ventiladores en verano ni las estufas de resistencias en invierno,
cuando además, la falta de luz artificial hace difícil la vida
cotidiana de personas adultas y criaturas.
Si
su vida ya es difícil en circunstancias de supuesta “normalidad”,
el riesgo de que empeore acecha todos los días, como la posibilidad
de un incendio al tratar de calentarse en viviendas donde abunda el
plástico y la madera, o que el río se desborde, no sólo cuando las
lluvias provocan crecidas, sino también cuando el embalse de la
Nieves necesita ser desembalsado, aumentando el cauce del río
Guadarrama, entonces el agua alcanza a las viviendas sin que nadie
lo evite, ni avise a la población con tiempo para ponerse a salvo.
Esto, ha pasado. Otro riesgo añadido es la acumulación de basuras,
no sólo por no ser recogida por el servicio público municipal de
limpiezas sino por la falta de escrúpulos de quienes quieren
deshacerse de escombros y otros residuos y aun no viviendo en el
propio barrio se deshacen de ello allí, provocando además, una gran
proliferación de ratas.
A
toda esta lucha por sobrevivir en estas condiciones se suma el trato
institucional al que está sometida esta comunidad. En julio de 2016
la compañía eléctrica Iberdrola cortó el suministro eléctrico,
entonces el Ayuntamiento de Móstoles se prestó a ceder generadores
cuyo mantenimiento económico, la compra del gasoil, quedaría a
cargo de las familias, siendo muy difícil para ellas sufragar su
coste en una comunidad tan vulnerable. Algunas de estas familias aún
arrastran las deudas. Finalmente, en octubre se volvieron a llevar
los generadores. En enero de este mismo año Iberdrola volvió a
cortar el suministro en plena ola de frío y con personas con
necesidad de respiración asistida. Unos días después se
restableció el suministro, pero la compañía ya había denunciado a
prácticamente todas las familias del barrio por haber enganchado la
luz de sus viviendas a una torre que surtía al Canal de Isabel II y
en primavera tuvieron que acudir a juicio. Afortunadamente la
sentencia fue absolutoria por haberse obtenido las pruebas accediendo
a las viviendas sin autorización judicial y sin informar a las
personas afectadas de que no tenían obligación de declarar en su
contra.
La
Comunidad de Madrid estima en 50 las viviendas necesarias para el
realojo de las familias que cumplen los requisitos impuestos en el
convenio firmado con el Ayuntamiento de Móstoles en el 2013 aunque
la cruda realidad es que hay aproximadamente unas 400 familias entre
los asentamientos de Móstoles y Arroyomolinos. Al parecer (porque
todavía no está confirmado), 4 años después de la firma del
convenio la Agencia de Vivienda Social sólo dispone de 17 viviendas.
Estas viviendas se ofrecerán en régimen de alquiler social, que, si
bien se puede considerar bajo, sumado a los gastos del resto de
suministros (luz, agua, gas, comunidad, ...) puede agotar en algunos
casos hasta el 80% de sus ingresos. Ésta es otra de sus grandes
incertidumbres.
Uno
de los requisitos para tener derecho al realojo es no haber sido
adjudicatario de vivienda (se haya perdido o no, por no poder pagar
el alquiler) en un plazo de 20 años. Hay más de una familia
asentada en Las Sabinas que procede de situaciones como esta. Otro
requisito es haberse empadronado en el barrio de Las Sabinas antes
del 31 de diciembre del 2008 y otro, no poseer vivienda en cualquier
punto del estado español.
Las
familias no están en igualdad de condiciones, tras preguntar a las
vecinas y vecinos de uno de los cuatro barrios que componen las
Sabinas, y concretamente el barrio que nos ocupa, alrededor de un 60%
considera que puede cumplir todos los requisitos, un 30% cree que no
cumple por no haberse empadronado antes del 2009, y un 10% no tiene
clara cuál es su situación. Todo esto, divide a las familias.
Recordamos el viejo dicho “divide y vencerás”...
Aunque
se ha conseguido que representantes de Servicios Sociales del
Ayuntamiento de Móstoles vayan con cierta regularidad a
entrevistarse con las familias, no se ha conseguido obtener la
información imprescindible para saber cómo actuar. Ninguna de ellas
ha recibido ninguna resolución que les asegure
el realojo o que se lo deniegue, por lo cual, ni pueden hacer
alegaciones o recurrir, algo similar sucede en cuanto a los derribos,
lo que lleva a estas personas a una situación de indefensión con
pérdida de vivienda incluida. Por otro lado, y por si las trabas
fueran pocas, si desean realizar la solicitud para optar a una
vivienda pública les impiden hacerlo alegando que ya están inmersos
en un proceso de realojo.
La
perspectiva institucional primordial es desmantelar el barrio. Desde
Servicios Sociales informaron al barrio de que empezaran con las
operaciones de “desamianto” en todas (todas) las viviendas, sin
ofrecer ninguna alternativa a quedarse sin techo. Pretenden retirar
toda la uralita de todos los tejados aunque la mayoría de las
familias no vayan a ser realojadas de manera inminente ni cumplan los
requisitos impuestos para el realojo en el convenio y por otro lado,
también tenemos el inmediato derribo de las viviendas cuyos
propietarios vayan a ser realojados, con el agravante de que no se va
a desescombrar ni a limpiar hasta que todo el mundo se haya marchado
del barrio.
Esta
situación choca frontalmente con la preocupación por las
condiciones de vida de vecinas y vecinos del barrio en pleno siglo
XXI manifestada por el alcalde de Móstoles en declaraciones
públicas. Hasta el momento sólo diecisiete familias (no se sabe
cuáles) pueden aspirar a la adjudicación relativamente inmediata de
una vivienda, las treinta y tres restantes (que supuestamente cumplen
los requisitos) de un total de aproximadamente cuatrocientas tendrán
que esperar. Hasta
el momento no hay un plan claro para que nadie quede fuera del
realojo, desde Servicios Sociales dicen que aún están en
negociaciones con la Comunidad de Madrid para que se amplíe, por
ejemplo, el plazo de empadronamiento, o se incluya a las nuevas
familias creadas por las hijas e hijos de las personas que sí
cumplen los requisitos. Pero aún no hay nada en firme al respecto.
Ni se sabe si lo habrá, para la Comunidad de Madrid es cuestión de
dinero y de que el Ayuntamiento de Móstoles ponga más fondos. Y
mientras decenas de familias esperan, tendrán que vivir entre los
escombros de las familias realojadas. También choca la preocupación
por la recuperación del espacio natural, siendo que, sin haber
habilitado la recogida municipal de basuras, se limpió el río,
volviendo en breve a estar como antes; no importa que la rivera esté
plagada de basura y escombros hasta que finalice el desmantelamiento.
Por
otra parte, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU ha condenado
al estado español por el desalojo de su vivienda a una familia sin
alternativa habitacional; la sociedad civil se está movilizando y ha
logrado llevar al parlamento estatal y al de la Comunidad de Madrid
propuestas de reformas legislativas que materialicen el derecho
constitucional amparado en el artículo 47 de la Constitución
Española. La vida y la dignidad humana es lo que debe estar en el
centro de todo. Ahora es el momento de que los políticos tan
preocupados por “hacer algo” cuando arrecia el chaparrón den
soluciones sin dejar a nadie en la cuneta y demuestren cuáles son
sus verdaderos objetivos.
Conocer
a estas familias, saber de primera mano su situación, escuchar sus
experiencias y las de las personas del colectivo de apoyo, ver los
dibujos de su gente menuda donde se reflejan sus sueños, sus
esperanzas, sus deseos... nos llena, a pesar de la impotencia y la
indignación, de esperanza y de fuerzas para luchar por los derechos
y la dignidad de nuestras vecinas y vecinos.
Y
observando los sueños de estas criaturas, hay quienes sueñan con
vivir en un barrio donde haya de todo, pero lo último que desearía
sería perder a sus amigos. Hay quienes sueñan con “comprar el
barrio, ponerle de todo y que nadie se tenga que ir”.
No
hay sueños correctos o incorrectos, que se puede compatibilizar una
forma de vida “no convencional” con la ecología y la
convivencia, siempre y cuando se propicien los medios para que sea
desarrollada con dignidad. Que lo único incorrecto es no valorar la
vida ni respetar la dignidad de las personas.
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